Análisis sobre la consulta popular, Ecuador (2018)

Consulta popular 2018: ¿Termidor o 18 Brumario?

I. Introducción. ¿La consulta popular: Termidor o 18 Brumario?- El presidente Lenin Moreno puso en marcha la consulta popular para decidir varios temas. Se vio obligado ante el bloqueo dentro de País y ante la imposibilidad de gobernar con autoridades que tienen serios cuestionamientos sobre su independencia. Las preguntas de la consulta fueron quirúrgicamente trabajadas. Dos son las centrales: la de la reelección indefinida y la del consejo transitorio del Armagedón. Las restantes: tres populistas (1, 4 y 6) y dos tramposas (5 y 7).

Digamos que de las centrales, la una es la del termidor, y la otra es la del 18 brumario. Las restantes 5 son un bloque de preguntas inútiles que están guiadas a empujar al populacho a votar como se acostumbra en un país como el nuestro: "todo sí" (o "todo no" dependiendo del contexto). En realidad, las dos preguntas mencionadas son las importantes, las otras son un placebo político. Los de Alianza País (AP) dicen que esta consulta no es democrática y que se trata de un golpe blando (concepto sin sustento teórico riguroso), pero no dijeron lo mismo cuando aprobaron la reelección indefinida sin consulta popular y le metieron la mano a la justicia hasta la rabadilla. Por su parte, los partidos de oposición y de derecha apoyan abiertamente esta iniciativa y los de AP dicen que se derechiza el proceso y que Lenin es un traidor. En realidad, este proceso de derechización ha empezó en 2010 luego del 30-S con Correa a la cabeza. ¿Sin embargo, tiene otra opción Lenin?

En el trasfondo aparece un tipo escribiendo en las redes sociales desde un ático con guardia privada pagada con nuestros impuestos (que financian dislates como Yachay, plataforma financiera para aumentar la venta de maduro, y carreteras que se presupuestaron en 16 y terminan constando 130 millones...) y lejos del alcance de nuestro súper independiente poder judicial. Lenin tiene la ventaja de tener el aparato estatal a su favor y los de AP están tratando de aprender a hacer política sin poder, pero les está costando mucho esa lección. Lenin tiene el reto de gobernar AP y su la nueva organización “Democracia Sí”.

En todo caso, la consulta es la única alternativa viable y efectiva para que Lenin pueda tener gobernabilidad, pero tiene dos retos. Por una parte, comenzar a ejecutar sus planes de gobierno en todos los sectores de la sociedad y la economía, y además lograr conformar un Consejo Transitorio (el del Armagedón) con la participación de todos los sectores políticos (incluidos los de derecha) y que tenga legitimidad social, puesto que si no lo logra, le dará la razón a sus detractores y escépticos de que lo que se busca es tener organismos de control a su medida y no a las de Correa. Por su parte, el Poder Judicial no va a ser tocado, pues los jueces son útiles para un dueño como para otro... ¿O será que se los lleva el Armagedón plebiscitario? En todo este entuerto, lo único que está claro es que el Termidor sigue su marcha y que 18 brumario es una espada sobre nuestras cabezas...Es decir, en la consulta no está en juego la transformación y el cambio social, sino el reacomodo de las fuerzas políticas conservadoras (Termidor) con una leve esperanza de progresismo, o el fin violento de toda utopía política (18 Brumario).

En lo que sigue voy a analizar cada una de las preguntas, aún las inútil-populistas, sin que apoye el sí o el no, sino mostrando sus pro y contras.

I. Pregunta 1: ¿Muerte civil?- La primera pregunta al pueblo es sobre si está de acuerdo con que las autoridades que fueron condenados por actos de corrupción nunca puedan ocupar cargos públicos y pierdan sus bienes (se entendería, hasta el monto del perjuicio). Este es una pregunta atractiva y demagógica, puesto que busca empatar con el sentimiento de indignación por las denuncias de corrupción de los últimos tiempos en Ecuador y en el mundo. ¿Pero es la corrupción una agenda estructural? Hay mucho de miseria en las luchas anticorrupción, extrañamente apoyadas por la cooperación internacional. Primero, sólo se mira la corrupción en nuestros países, por eso resulta extraño que en los famosos “Panamá papers” no aparezcan empresas del primer mundo ni particularmente de los Estados Unidos. Segundo, estas agendas invisibilizan los grandes negocios y corrupción de las transnacionales y de los países desarrollados, tales como el narcotráfico, venta de armas, trata y tráfico de personas, prostitución infantil, venta de órganos, etc. Así, sólo aparece la percepción de las empresas respecto de la baja corrupción en el informe anual de Transparencia Internacional Y, tercero, el énfasis de esta agenda está en la represión especialmente penal como única solución, con lo cual se deja de lado la reforma estructural que necesitan las instituciones. Paradójicamente, no es la informalidad lo que perjudica las inversiones de las empresas transnacionales, sino justamente el control de los recursos que se sacan de nuestros países con total descaro las transnacionales.

En este contexto, la "muerte civil" que se discute también en otros países de la Región (Perú por ejemplo), no es una solución para la corrupción, sino una medida que destruye las instituciones y se puede convertir en una efectiva arma para perseguir a los enemigos políticos. Es en el fortalecimiento de la institucionalidad donde está el dique más importante para impedir o disminuir la corrupción. La “muerte civil” tiene la misma lógica que la pena de muerte. ¿Tiene utilidad disuasiva?, ¿tiene legitimidad el Estado o la sociedad para decretar la muerte (en este caso, civil)? Frente a esto, hay que profundizar la institucionalización del Estado ecuatoriano que aún funciona como una hacienda, particularmente el Poder Judicial a quien hay que dotar de mayor independencia. Al mismo tiempo, las políticas sociales deben redistribuir las riquezas para tener una sociedad más equitativa. Hay que hacer una reforma al sistema educativo y laboral donde se premie las capacidades, la inclusión y la solidaridad antes que los títulos y cargos. Por supuesto, esto no se arreglará con una consulta, sino con una verdadera revolución política y social: la ideología de la muerte debe ser reemplazada por la de la vida en igualdad de oportunidades e inclusión social.

II. Pregunta 2: ¿reelección indefinida o "fuera, Correa, fuera..."?- Esta es la pregunta que le preocupa al ex-presidente Correa, puesto que de aceptarse, él no podría jamás volver a ser candidato a la presidencia. ¿Por qué? La pregunta 2 le consulta a la gente sobre si está de acuerdo en que se elimine la reforma constitucional hecha por la Asamblea sin consultar al pueblo. Si en esta pregunta gana el sí, simplemente quedaría vigente la norma aprobada en Montecristi que establece que sólo se puede ser reelecto por una vez, ya sea inmediatamente o luego de un período. Correa ya fue relecto. Aquí se planteaba que no se puede aplicar esta reforma de manera retroactiva. Sin embargo, la pregunta está tan maquiavélicamente hecha que anula la reforma inconstitucional y antidemocrática. ¿Cuál es el efecto jurídico central de la nulidad?: volver las cosas al estado anterior, es decir, la reelección como se aprobó en 2008 por el pueblo en consulta popular. La pregunta ni el inexistente dictamen han modulado la pregunta 2. De acuerdo a esto, la pregunta es: ¿es una pregunta sólo dedicada a Correa o nos jugamos algo más?

(1) En la coyuntura, es clara la intención del régimen de dejar fuera de combate al caudillo. Por dos razones, porque su estilo no lo dejaría gobernar; y, porque no se logró una transición política ordenada, lo cual fracturó a AP. Por eso, Correa regresó a intentar desde su bastión político en Manabí virar la votación a su favor, de victimizarse y de acusar de traidor a Lenin. Tiene todo claro, de esta pregunta depende su particular forma de ver la política. En realidad, sabe que va a perder en esta pregunta, pero busca disminuir el margen, puesto que, a la larga, se trata esta pregunta de una medición de fuerzas políticas entre Correa y Lenin. Si el margen es amplio, se dirá que Lenin pudiera ganarle en una hipotética elección en primera vuelta. En esta pregunta, Correa se juega su carrera política.

(2) En lo estructural, es necesario garantizar un sistema de relección más equilibrado, que permita la alternabilidad. Aquello fortalece la participación y la emergencia de nuevos cuadros políticos, y evita el caudillismo mesiánico que tanto daño hace a nuestros países. La consulta en esta pregunta le da la oportunidad al pueblo a ser escuchado finalmente, puesto que en 2015 esto no fue posible. El pueblo debe enseñar a sus políticos la nueva didáctica del poder y la nueva ética del ejercicio de la política.

Así, que en la consulta en esta pregunta nos jugamos algo más que las apetencias de un sujeto concreto, nos jugamos la posibilidad de fortalecer la democracia y es sistema político. Por supuesto, no es el único cambio, pero es una puerta importante para tener instituciones políticas al servicio de la gente y no únicamente del régimen de turno.

III. Pregunta 3. ¿Democratización o cambio de autoridades?- Como ya lo dije en otro lugar, la frase "por esta única vez" que se incluye en nuestras normas jurídicas, define la cultura política de la clase política ecuatoriana, lo cual destruye a las instituciones. Nuestros procesos políticos en Ecuador se juegan entre dos extremos: estabilidad aparente y crisis institucional. El ciclo parece ser el siguiente: a) un grupo político genera una ruptura y proyecta un discurso de cambio; b) este grupo implementa una transición y una propuesta política de cambio; c) aparecen las contradicciones y se inicia una nueva crisis política; y, d) inicia un nuevo grupo otra ruptura y el ciclo vuelve a comenzar. Cada crisis va marcada por una fuerte reforma institucional y una nueva Constitución. Estos ciclos se dan en un tiempo de 5 a 10 años. Ahora, lo curioso es que estas crisis se resuelven con el simple cambio de autoridades y nuevos partidos y actores políticos; y, las transformaciones experimentan retrocesos de manera pendular. Por eso, he afirmado que la realidad política del país puede resumirse en la siguiente máxima: "avanzamos cinco pasos, regresamos tres... Es decir, adelantamos dos...".

Esto puede ayudar a explicar en gran medida el actual contexto de crisis. Esta crisis tiene algo de artificial, puesto que es provocada por la necedad de Correa y su inmadurez para asumir una transición ordenada y la continuidad de un proyecto político. Tiene algo de ficticio también, puesto que hasta ahora no se ve una ruptura real entre el correísmo y el morenismo, dos visiones apenas separadas por un estilo de presencia pública. En lo demás y en lo realmente importante, sigue exactamente igual. Por supuesto, algunas cosas deben mantenerse, por ejemplo el modelo económico y de desarrollo; y, otras no, la confrontación, la dependencia de los poderes, la intervención de los medios, entre otros. Pero, ante este contexto de polarización y desacuerdo, nos encontramos una vez más ante el mismo dilema: ¿vamos a la transformación política o sólo es un nuevo cambio de autoridades?

A esto nos enfrenta la pregunta 3 de la consulta que propone la cesación del actual Consejo de Participación y el nombramiento de un consejo transitorio, integrado por ternas del Presidente. Este Consejo transitorio va a evaluar a todos los electos por el actual.

En esta propuesta se ve la intención de que sea un mecanismo inmediato y sin complicaciones políticas que pudieran traer la necesidad de un acuerdo y deliberación política. Por eso, la elección del Consejo transitorio será casi a dedo, pues de no hallarse acuerdo, entra el primero de la lista. No es muy claro qué debe entienderse por "evaluar" a las autoridades... ¿Puede cesarlas?, ¿puede elegir interinas o nuevas?, ¿Qué controles democráticos tiene este organismo? En otras palabras, nos ponemos en manos de la voluntad única del Ejecutivo para "democratizar" o "retornar a la democracia".

De esta manera, esta pregunta que rompe las instituciones una vez más ("por única vez"), no depende de lo que decidamos en la consulta, sino de la integración del Consejo Transitorio. Eso le da a Lenin la enorme oportunidad de hacer cambios revolucionarios, profundizar lo bueno que se hizo o destruir todo y entregarlo a la derecha de siempre. ¿Ingenuidad? Es posible, pero no tenemos otra alternativa. Que nos queda: ¿soportar a las autoridades de control nombradas desde el hígado y corazón del caudillo y a dedo, que están entorpeciendo la fiscalización social de la corrupción, la regularidad institucional y la paz ciudadanas. Nos queda esperar las dádivas del déspota ilustrado de turno? O podemos intentarlo una vez más. ¡Qué difícil esta pregunta desde las ética, convicciones y militancia de izquierda!

Nuestra reflexión y voto en esta pregunta debe ser estar precedida de una verdadera cirugía política. No es cuestión de votar sí o no, sólo digo que es cuestión de entender lo que nos jugamos como país y como proceso histórico de cambio. O tal vez, sólo avanzamos una vez más dos pasos en vez de cinco posibles en la historia política del Ecuador.

IV. Pregunta 4: ¿Prescripción o renuncia política al poder punitivo?- La pregunta 4 es sobre si los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes deben ser imprescriptibles. Para el ciudadano de a pie esto suena como chino avanzado. Lo voy a explicar en lenguaje sencillo. Dos ideas básicas. Una, el único que puede encarcelar e imponer condenas es el Estado. Dos, lo hace mediante un proceso reglado previamente que tiene como fin imponer un castigo por el daño social realizado. Como ustedes lo intuyen esta actuación necesaria del Estado debe ser inmediata y lo más ágil posible, por lo cual, debe terminar en algún momento. La capacidad de iniciar un proceso penal se llama acción y se debe dar en un tiempo determinado. A este tiempo se le llama prescripción, que quiere decir que sólo dentro de ese tiempo se puede iniciar y terminar el proceso penal. Si alguien quiere iniciar por fuera de este tiempo, el proceso es nulo. Es necesario que termine el proceso no sólo por seguridad y paz sociales, sino porque es obligación del Estado dar una respuesta judicial oportuna y eficiente, y no del ciudadano. De esta manera, si un proceso prescribe es por ineficiencia del Estado y no del ciudadano, es el fracaso total de todo el sistema democrático para solucionar los conflictos jurídicos. Por supuesto, hay algunos procesos no penales que prescriben por actuación de los ciudadanos, pero esto no puede ocurrir en los penales, pues el Estado tiene la responsabilidad de seguir de oficio al menos los de acción pública, que son los delitos de mayor gravedad o incidencia social. En consecuencia, la prescripción es una herramienta de garantía penal en favor del ciudadano, pues nadie debe estar condenado a litigar por la eternidad.

De acuerdo a esto, todas las formas política para declarar imprescriptibles los delitos son parte de un discurso demagógico, pues esto no garantiza que el Estado solucione el problema, sino que el efecto sería que nunca se cierra, con lo cual quedaría impune y el procesado en el limbo. Además, la imprescriptibilidad de ciertos delitos ha tenido un uso político nefasto.

Así, en la Constitución de 2008, se declararon imprescriptibles los delitos contra la humanidad y los relacionados con la corrupción. Respecto de los delitos contra la humanidad, la idea es que siempre exista la posibilidad de castigar a los violadores sistemáticos de los Derechos Humanos. Esto es una excepción y es importante porque los delitos contra la humanidad son parte de acciones sistemáticas e históricas que tienen abundante evidencia, y es en un medio para sancionar las graves violaciones de los Derechos Humanos. Sin embargo, no ha funcionado... No funcionó con Amin Dadá, los Duvalier ni con Pinochet, ni Videla... Esto pone en cuestión esta excepción, pero en todo caso es un mínimo universal y de consenso...

La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción tenía nombres y apellidos: Abdalá Bucaram, Alberto Dahik, y Jamil Mahuad. Así este mecanismo se convirtió en un abuso que podríamos llamar "ostracismo o exilio moderno". Por lo tanto, bastó iniciar juicios penales contra el político indeseable por el régimen de turno y ponerlo en el congelador. Pero les falló el cálculo, pues esta norma no aplicó sino para el futuro y los casos de Bucaram fueron antes de 1998. Así, luego de 30 años, él está de regreso. Este mecanismo expulsatorio no es tampoco eficiente, puesto que no se logró sancionarlos ni recuperar lo que se dijo había perjudicado los dineros públicos.

¿Entonces, renunciar a ejercer justicia sobre los delitos sexuales es combatir la impunidad o extenderla para siempre? Además, puede tener un uso político demasiado peligroso. Con una simple denuncia o un testimonio de alguien que dice haber sido tocado hace 50 años, ponemos fuera de combate a un político para siempre, pues la gente perdona a los corruptos, pero no a los violadores. Un elemento grave, además, es que incluye a "todos los delitos sexuales"... es decir, desde una mirada obscena en un bus hasta una violación violenta por parte de un consanguíneo. ¿Vamos a dejar abierto un caso censurado socialmente para el que no se necesita sentencia para juzgarlo en las calles? Esto es profundamente racista y peligroso...

Esta pregunta es inútil para mejorar el sistema de justicia y la protección de los niños y adolescentes de la violencia sexual, pero puede servir para un uso político perverso. El mensaje social de esta pregunta sería que el Estado no puede solucionar estos casos, entonces se olvida de ellos y de sus víctimas. Al mismo tiempo, se abriría una vía de conflicto social con impredecibles consecuencias.

V. Pregunta 5 de la consulta: ¿la trampa de la ideología o de la democracia plebiscitaria?- Una de las cuestiones que son más desconcertantes en la política penal es ver a quienes defienden la libertad pugnar por reformas punitivas. Eso pasa con algunos grupos feministas que piden más cárcel para los violadores cuando la lucha histórica por los derechos de las mujeres negaba la cárcel o lo identificaba como un instrumento de persecución y muerte. A esto Zaffaroni le llama "la trampa de la ideología". Así, es muy fácil para la izquierda proponer penas de muerte para los violadores aunque siempre criticó que el derecho sea un instrumento de clase para oprimir a las clases proletarias. Y desde la derecha, no es raro que se impulse modelos proteccionistas y contrarios al libre mercado, cuando sus tesis son supuestamente neoliberales. Frente a la pregunta 5, algunos grupos ambientalistas enfrentan esta trampa de igual manera. Creen que aumentar el control penal y administrativo lleva a la protección, y que los cambios en la política de forma aunque no funcionen, en todo caso, proyectan un mensaje simbólico.

No obstante, hay varios grupos de ecologistas radicales que van más allá. Así, ante el llamado proyecto Yasuní (2008), anunciado por el Presidente Correa, ellos se organizaron para darle forma política a una nueva era de la protección de la naturaleza. Pero Correa boicoteó su propio proyecto y decidió explotar el Yasuní con los mismos argumentos de cualquier petrolera... Aquello llevó a quienes se autodenominaron Yasunidos a plantear una consulta popular que fue bloqueada descaradamente por el gobierno de Correa.

Esto nos lleva la trampa de la democracia plebiscitaria. Tradicionalmente, las consultas son tramposas y buscan únicamente legitimar al régimen de turno, o legitimar alguna intervención para cambiar autoridades o asegurar el control político. La pregunta 5 no es populista, sino tramposa y regresiva en derechos, pues el artículo 407 de la Constitución prohíbe "toda actividad extractiva" (no sólo de metales...) en zonas protegidas e intangibles. Incluso el artículo 57.20 de la Constitución amplía esta prohibición a los territorios intangibles y ancestrales indígenas donde existan pueblos no contactados (razón por la cual se inició una feroz persecución a los huaoranis y un ex-ministro aseguró que no existían pueblos no contactados en el Yasuní).

Lo que incorpora de nuevo la pregunta 5 es la prohibición de explotación en "zonas urbanas". ¿Esto es un avance? Aparentemente. Sin embargo, ¿cuántas minas, excepto el caso de Zaruma, están en zonas urbanas? Entonces, nos encontramos ante la trampa de la democracia plebiscitaria una vez más. La pregunta efectiva era la que volvieron a proponer los Yasunidos y Acción Ecológica: si estamos de acuerdo que se deje el petróleo bajo tierra para evitar la degradación de la naturaleza, que fue el mandato constitucional de Montecristi y que los ecuatorianos aprobamos en 2008 por consulta popular.

En definitiva, esta pregunta no es una trampa ideológica en el sentido estructural, pero sí de la democracia plebiscitaria, pues no contiene un mandato concreto y efectivo para la defensa y protección de la naturaleza. Parece que seguiremos siendo un país gastando el oro sobre el que estábamos sentados para mantener a la clase política y las élites parasitarias a costa del silencioso asesinato de la naturaleza. Esta pregunta es inútil así votemos sí o no.

VI. Pregunta 6: ¿Equidad tributaria?- Otra pregunta de difícil explicación popular. Nuestros sistemas tributarios son tradicionalmente inequitativos y ponen la mayor carga sobre los hombros de los más pobres. Sin embargo, nuestro sistema se presenta como justo, pues se ampara en el principio de mayoría. Así, son los impuestos indirectos más del 80% de los ingresos tributarios. El justificativo de esto es que estos impuestos son fáciles de cobrar, pues los agentes económicos retienen en nombre del Estado los tributos, y éstos se producen con el consumo cotidiano y no depende de ningún hecho aleatorio. Además, se dice por ejemplo “si el IVA, impuesto indirecto por excelencia, es 12% es para todos por igual, sean ricos o pobres. Por su parte, los impuestos directos gravan la riqueza real y, en el caso del Ecuador, el excedente económico (Impuesto a la Renta). La derecha siempre ha dicho que estos impuestos afectan la producción, pues encarecen costos y no se estimula la generación de riquezas.

Pero veamos qué esconde este orden alienatorio. El régimen tributario ecuatoriano pone su carga en los más pobres. Primero, porque el impacto de la tributación no es uniforme, sino que va de acuerdo a los ingresos. Todos consumimos y allí pagamos el IVA, pero su carga quita el pan de la mesa de los pobres, mientras que a los ricos sólo encarece su nuevo IPhone. Segundo, porque esta carga ocurre cuando el comerciante desplaza el valor del IVA al consumidor, y tercero, porque esto no permite emprendimientos creativos y productores de riqueza, sino que acentúa las brechas sociales y favoreces la economía oligopólica y monopólica, y la dependencia económica en mano de los importadores y la intermediación económica.

El impuesto a la plusvalía fue aprobado en medio de una crisis política y con motivos más coyunturales: afectar algunos proyectos en manos de los amigos del régimen. Luego, se dijo que era para evitar la especulación de las tierras cercanas a la obra pública en proyecto o en construcción. Más allá de estos motivos, esta ley es equitativa, pues grava directamente la riqueza de las élites. Por supuesto, en un régimen tributario tan injusto, su impacto es nulo. Así, que el supuesto motivo ahora es reactiva la construcción en Ecuador. No se ha se ha demostrado que esto sea por este impuesto y más bien parece que la crisis de la construcción tiene que ver más con el estancamiento económico y del precio de los energéticos, que con la plusvalía. Habría que ver cuánto pagan las grandes compraventas de inmuebles de los ricos, el relajamiento del régimen tributario que los favorece y los intereses en la tierra que tienen los nuevos amigos del gobierno, para entender la intención de derogar este impuesto. Sin embargo, vivimos una sociedad alienada respecto de la propiedad, que cualquier cambio a eso aunque sea simbólico, moviliza a la gente. Esto lo aprovecha el gobierno para empujar el sí en las preguntas 2 y 3 que son el centro de la coyuntura política.

Por el momento, se quiere eliminar un tributo que apunta a un régimen tributario más equitativo. ¿Qué viene después? Posiblemente, un aumento de los impuestos indirectos y una metida de mano, esta vez, al bolsillo de los más pobres.

VIII. Pregunta 7: ¿Trampa otra vez?- Finalmente, el aumento de algunas hectáreas a la zona intangible es otra pregunta tramposa. La Constitución prohíbe toda actividad extractiva en las zonas intangibles y zonas protegidas. Toda la disputa política de las últimas décadas se ha centrado en definir la extensión de estas zonas. Normalmente, las organizaciones de sociedad civil y los sectores progresistas han perdido casi todas las batallas en este campo político. Siempre se ha buscado que estas zonas sean lo más amplias posibles, pero ahora se quiere establecer un límite especifico. Con esto, ¿ganamos protección ambiental? Me parece que se está firmando capitulaciones de guerra, donde la gran derrotada es la Pachamama.

Esta pregunta nos muestra la realidad de la protección de la naturaleza en Ecuador: los triunfadores de la guerra son las transnacionales, el capital internacional, los grupos de poder que se chupan todos los recursos para su supervivencia y la explotación de los más débiles; y, la política utilitarista y extractiva del Estado, como siempre, en manos de una casta política ignorante, feudal y conservadora.

Por: Luis Fernando Ávila Linzán.